Isabel Bajo: «Para beneficiarse de los fondos europeos a la rehabilitación tendrán que superar un 30 % su eficiencia energética»
Desde que se declaró el primer estado de alarma, la figura de los administradores de fincas colegiados cobró valor y su trabajo se consideró una actividad esencial. Traducían los Reales Decretos a un lenguaje entendible por los vecinos de sus comunidades, daban consejos, imprimían y colgaban explicaciones didácticas ayudando a gestionar los numerosos problemas e incertidumbres ante los que se encontraron los vecinos en sus comunidades.
Precisamente por ese motivo, han sufrido pocos impagos, como nos asegura Isabel Bajo, presidenta del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMadrid) y vicepresidenta del Consejo Nacional.
Uno de los papeles fundamentales de este gremio va a ser gestionar la rehabilitación de casi medio millón de viviendas entre 2021 y 2023. Se acaba de aprobar que el Plan de Recuperación destinará 6.820 millones de euros a rehabilitar todas las que son anteriores a 1996 o 1998, que soliciten la ayuda.
Actualmente, el sector de la construcción de la UE es el mayor consumidor específico de energía de Europa, con una absorción de energía del 40 %, y en torno al 75 % de los edificios son ineficientes desde el punto de vista energético. Además, entre el 85% y el 95% de los edificios que están hoy en pie estarán todavía en uso en 2050. Por eso se considera clave tener en cuenta el inmobiliario para descarbonizar la economía europea, pero la tasa de renovación energética de edificios es del 1%.
Por eso, el 14 de octubre de 2020 se presentó la estrategia Renovation Wave, que es la base sobre la que se están revisando una serie de directivas y líneas de financiación. Con estas reformas, los edificios serán más sostenibles y se generará más empleo. Por cada millón de euros invertido en rehabilitación energética, se crean veinte puestos fijos de empleo local ligados a edificación para envolventes, ingeniería para instalaciones, auditorías energéticas y un largo etc. de empresas, principalmente pymes.
Las previsiones anunciadas por el Gobierno con respecto de los diferentes planes desarrollados para impulsar la rehabilitación de edificios establecen la creación de 188.000 empleos, de aquí a 2023 y una contribución al PIB de 13.500 millones de euros.
Antes de 2019, las actuaciones de rehabilitación en España eran de 30.000 unidades al año. Para cumplir los objetivos, habría que multiplicar por 10 las operaciones para alcanzar en 2030 el millón y medio de viviendas rehabilitadas con las exigencias que va a marcar la normativa.
En la actualidad, las constructoras se lamentan de que están teniendo dificultades a la hora de encontrar trabajadores con las habilidades y formación necesarias, a pesar de los altos niveles de desempleo, especialmente entre los jóvenes.